Carlos Restrepo

Cada nación en el mundo tiene su sistema de ordenamiento territorial, ya sean provincias, regiones o términos equivalentes. No obstante, Colombia posee un sistema heredado no de España sino de Francia, de la Francia revolucionaria. Después de la nefasta Revolución Francesa se consideró que el antiguo sistema de provincias era anticuado y se dio paso a los departamentos, incluso bajo criterios absurdos como dividirlos en cuadrados perfectos.

Como era de esperarse, los ilustrados fracasaron en su antinatural sistema de ordenamiento territorial, sin embargo abolieron las antiguas provincias. El objetivo era lograr la homogeneidad nacional, atacando en el acto a las identidades locales, tanto así que en Francia apenas sobreviven idiomas distintos al francés. Aun así, los fallos en sus fronteras internas aparentemente naturales se evidencian en sus no poco comunes reformas territoriales.

Colombia, por desgracia adoptó el sistema francés aunque haya coexistido con otros sistemas durante el inestable siglo XIX. El objetivo era restar poder a los antiguos estados soberanos que bajo los gobiernos liberales entraban en constantes guerras internas. Y si bien atacar a los gamonales era necesario, se terminó reforzando el centralismo de corte jacobino.

Hoy, la Amazonía es la región colombiana de mayor tamaño con 483119 km² y contando con el 40% del territorio nacional. La región es la menos poblada y la que tiene mayor superficie de bosques, además de una importante población indígena. Y como era de esperarse, la expansión del Estado perjudica a la población local y beneficia a las elites que residen en Bogotá.

En un artículo anterior se mencionó la triste situación del departamento de Caquetá, el cual cuenta con una gran población no indígena. Esta población, viéndose desposeída de tierras ha venido expandiéndose por la selva, talándola e introduciendo ganado vacuno; no obstante, los beneficiados de este proceso no son los pequeños ganaderos sino los grandes hacendados y directores de FEDEGAN.

En el mapa se evidencian las líneas rectas en las fronteras con Brasil, Perú y Venezuela. Esto se debe a una división arbitraria en los límites de los Estados, sumados al antiguo desinterés de Bogotá sobre esta región que en su momento fue denunciado por el obispo Miguel Ángel Builes. Los municipios fundados en la frontera tenían como objetivo frenar la expansión de Brasil, aun así, por ser líneas rectas no corresponden con fronteras naturales tales como los ríos.

Debe aclararse que la mayor parte de esta región pertenece a grupos indígenas, muchos de los cuales no tuvieron contacto con la Monarquía Católica, sino que su primer contacto con un grupo ajeno al suyo fue con la República. No obstante, la fundación de municipios en esta región se ha hecho de manera apresurada con la excusa de llevar el Estado y oculta el interés económico de las mineras extranjeras.

Como señala Antonio José Paz Cardona en su denuncia a la erección del municipio de Barrancominas, la fundación de municipios en la región Amazónica facilita las concesiones a las mineras extranjeras. Esto se debe al limbo jurídico de la región pues no todos los territorios indígenas se han conformado como Entidades Territoriales (ETI) y por tanto, no tienen poder de decisión.

Lejos de repetir los discursos indigenistas que culpan al cristiano de la explotación de la supuesta «madre tierra», reconocemos que es necesario reconocer los resguardos como ETI y oponerse al centralismo jacobino. Así pues, como en 1789 se crearon comunas y departamentos para desbaratar las regiones, hoy se crean municipios para desbaratar esta región.

Y si bien el municipio es parte de la herencia visigoda y cristiana, no es necesario que los indígenas adopten este modelo, porque de hecho bajo el orden indiano no lo hicieron. En tiempos de la Monarquía los pueblos de indios constituían entidades jurídicas separadas de los municipios y respondían ante los gobernadores o ante la Audiencia. Los seis departamentos de esta región (Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Vaupés y Guainía) no contribuyeron al desarrollo como lo suponía la Constitución del 91 al eliminar las comisarías e intendencias.

El artículo de Paz Cardona recoge el testimonio de Tomás Román, indígena uitoto y expresidente Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) donde denuncia que la creación de ETI lograría que los departamentos perdieran peso político y por tanto ingresos. Estos departamentos son pobres y las riquezas producidas por la minería quedan en manos extranjeros o de sus congresistas, entre ellos Carlos Cuenca Chaux, un hombre nacido en Tolima que representa a Guainía pero que es fiero defensor de la municipalización de ésta.

El Círculo Tradicionalista Gaspar de Rodas coincide en que el municipio no es la única ni la más adecuada manera de gobernar la Amazonía. Sin embargo, decide expandir su crítica hacia la existencia misma de los departamentos. Sólo la regionalización de Colombia puede traer verdadero desarrollo material a los habitantes del Amazonas.

Ya sea con una gran provincia que cubra los seis departamentos o dos cuyos ejes sean Florencia y San José del Guaviare, la regionalización es una necesidad. La propuesta de dos grandes provincias responde a las actuales vías de comunicación, pues los departamentos de Guainía, Vaupés y Guaviare no se conectan por vías terrestres con los demás sino con el Meta y los Llanos Orientales.

La ausencia de vías lleva a otros planteamientos. Inírida y Mitú, capitales de Guainía y Vaupés solo tienen conexiones fluviales y aéreas. San José del Guaviare por su parte, tiene conexión terrestre con Villavicencio y por tanto con Bogotá. Estos tres departamentos que en el pasado conformaron la Comisaría del Vaupés (o Gran Vaupés) constituyen pues una región ligada a los Llanos Orientales.

Por su parte, el departamento de Caquetá posee vías terrestres con los departamentos de Huila, Putumayo y Nariño, las cuales se extienden hasta Ecuador y el interior del país. Y si bien las vías colombianas son de mala calidad, es posible movilizarse por tierra en estos departamentos. La excepción es el departamento del Amazonas, cuya única conexión terrestre es con Tabatinga en Brasil, ciudad que a su vez no posee conexión terrestre con el resto de Brasil. 

Se puede afirmar entonces que existe una segunda región ligada a los Andes y a la frontera. Tomando como ejemplo la Monarquía Hispánica, cada una de estas dos regiones podría estar gobernada por, valga la redundancia, por un gobernador; la diferencia estaría en la división administrativa. Es pertinente un modelo mixto que combine municipios y resguardos, sin que uno interfiera en el otro.

Un modelo análogo mas no equivalente es el de Rusia, que tiene subdivisiones administrativas para los pueblos no rusos, dándoles cierta autonomía y representación política. Pese a las falencias del modelo ruso que no deja de ser moderno y liberal, no deja de ser interesante. Poco importa que la población indígena sea pequeña en comparación al total nacional, no se puede desconocer que ellos poseen buena parte del territorio.

El modelo mixto tendría por un lado, provincias y municipios ordinarios; y por otro lado consejos indígenas que figuren en los mapas políticos. Cada consejo o territorio se gobernaría según la costumbre de cada etnia, como si cada una de estas fuese una provincia. Este modelo, lejos de poner en peligro la población no indígena del Amazonas, contribuiría a descentralizar el país y disminuir la corrupción burocrática.

Debe entenderse que, por las claras carencias materiales los municipios amazónicos no pueden generar los mismos ingresos que los andinos. Estos municipios más que comunidades orgánicas son entes burocráticos que a duras penas pueden sostenerse a sí mismos y que solo existen para facilitar la entrega del territorio a las extractoras extranjeras.

El antídoto contra el indigenismo de izquierdas no es entonces desposeerlos de sus tierras, como propone la derecha. Ni mucho menos inundarlos con métodos anticonceptivos y becas en el extranjero, como propone la izquierda. Es menester pactar con los indígenas, un pacto entre iguales, reconocer que son distintos y merecen autogobierno.

Una alianza con ellos garantiza una apropiación orgánica del territorio, requisito indispensable para poner fin a los cultivos ilícitos y a los grupos armados. A su vez, la apropiación del territorio es necesaria ante los intentos de la ONU de arrebatarnos toda la Selva Amazónica convirtiéndola en un territorio internacional. Este problema concierne a todos los países amazónicos, no sólo a Colombia.

Para ello es necesario romper con la visión extractivista que impuso el liberalismo. Es lícito que se practique la ganadería en los municipios de Caquetá, pero el ganado no puede devorar a los hombres, como ya lo advirtió santo Tomás Moro en su crítica al incipiente capitalismo inglés. 

El modelo debe inspirarse en el orden indiano, con tierras comunales que permitan a los más pobres alimentarse. Por supuesto, la existencia de tierras comunales no implica acabar con la propiedad sobre la tierra; ambos tipos de tierra pueden convivir tal y como lo hicieron por siglos. Todo en pos de una verdadera justicia social, con modelos económicos y productivos cuyo fin no sea la acumulación indefinida sino el bien común y la vida digna y cristiana.